Un país no limita en sus fronteras sino en el proyecto de Nación que está llamado a construir. Todos tenemos derecho a soñar un país distinto. Nuestros sueños no se contentan con mejorar solo el rostro queremos cambiar el alma de Chile.
La Concertación, que al finalizar el gobierno de la Presidenta Bachelet habrá gobernado continuadamente durante 20 años, ha cambiado muy profundamente la faz del país. Una de las paradojas que enfrenta la Coalición resulta de su dificultad para continuar expresando a esa nueva ciudadanía que ella tan poderosamente contribuyó a forjar.
Esta paradoja tiene una explicación. La Concertación de Partidos por la Democracia por asegurar la gobernabilidad renunció a efectuar los cambios estructurales profundos, que constituían su razón de ser, como alternativa al modelo económico, social y cultural instaurado en el pasado.
En el marco de una transición considerada para algunos como exitosa se ha producido la consolidación de un modelo de sociedad alejado del que la mayoría aspiraba.
Claramente, de una economía de mercado hemos terminado generando una sociedad de mercado. E incluso más: una democracia de mercado. La lógica de la rentabilidad y el lucro domina en todos los planos.
En Chile todos los servicios básicos pueden ser fuente de enriquecimiento para reducidos grupos económicos que muy a menudo abusan en contra de consumidores prácticamente indefensos.
La educación pública, base de la integración republicana y del acceso a las oportunidades sobre la base del mérito y no a los privilegios de cuna, hoy día ha llegado a ser relegada en todos los niveles y enfrenta una crisis profunda.
A pesar de la reforma, el sector público de la salud enfrenta amenazas de gran envergadura. Las garantías explicitas, un avance evidente, no se logran consolidar hacia el futuro porque no se han hecho todas las inversiones necesarias para asegurar que la infraestructura y equipamiento hospitalario puedan responder adecuadamente a las nuevas exigencias. Lamentablemente siguen sometidas a una gestión burocrática deplorable. Así, el sistema de garantías ha terminado favoreciendo al sector privado y de paso contribuyendo a la fuga permanente de médicos desde el sector público. En otras palabras, una privatización defectuosa y disfrazada.
En materia previsional, considerando las escandalosas pérdidas producto de la reciente crisis económica y a pesar del pilar solidario, se ha consolidado un sistema que reposa enteramente sobre la capitalización individual sin ningún tipo de mecanismo solidario entre generaciones ni seguridad sobre el monto futuro de las pensiones.
El país en todos los planos está sometido a una competencia sin tregua. Las solidaridades colectivas ya no pueden resistir las presiones de un individualismo desenfrenado.
En suma, no ha sido posible el reconocimiento a nivel constitucional y real de “un Estado social y democrático de derecho” que constituye definitivamente todo el sentido de justicia que permita el que nuestra sociedad entera, sin diferencias, tenga el justificado derecho a lograr su felicidad.
Esta circunstancia, la estimamos abiertamente irrenunciable y existe en todos los países desarrollados. No obstante, ha sido rechazada por los sectores retardatorios de Chile que no admiten que el régimen de economía de mercado pueda tener un sentido solidario y de realidad social
La Concertación no ha sido capaz de enfrentar el núcleo duro de las desigualdades y ha consentido, y a veces incluso impulsado, soluciones privadas y de mercado allí en donde lo que se requería era una vigorosa oferta de bienes públicos que pusieran por delante la satisfacción de los usuarios. El drama del Transantiago es la expresión máxima de esta renuncia.
Hoy, la Concertación aparece frente a los ojos de la mayoría sin un perfil claro, solo interesada en mantener el poder para los suyos, con un pasado respetable pero, ya agotada, con un futuro brumoso y distanciada cada vez más de las aspiraciones de la sociedad. En definitiva rescatamos la concepción clara y precisa del Estado social.
Contenidos de un nuevo compromiso programático
Para volver a representar una legítima esperanza, necesitamos renovar nuestras proposiciones programáticas a los chilenos. Así como el centro y la izquierda en su historia tuvieron poderosas banderas que movilizaron a generaciones de luchadores sociales a través de la organización sindical o la promoción popular, como el gobernar es educar, como la reivindicación campesina a través de la reforma agraria, como la recuperación de las riquezas básicas mediante la nacionalización del cobre, las transformaciones históricas que hemos contribuido a realizar deben ahora permitir emerger nuevas banderas y nuevos desafíos capaces de movilizar las energías de las generaciones del siglo 21 para seguir construyendo un país cada día más libre y más justo.
El nuevo impulso que Chile necesita implica cambios profundos destinados simultáneamente a:
· Darle más energía a la democracia a través de la promoción de distintas formas de participación ciudadana y ampliar el espacio de las libertades.
· Enfrentar en serio las desigualdades sociales, territoriales y de género.
· Recuperar un dinamismo económico ambientalmente sustentable.
Para ello, proponemos:
1- La definición Presidencial.
En este complejo cuadro interviene la definición presidencial. Todo indica que la partidocracia que domina a la Concertación no ofrecerá ningún cambio.
Si enfrentamos el próximo desafío Presidencial sin una propuesta ampliamente renovada que aporte respuestas creativas a los nuevos desafíos del siglo XXI y que integre liderazgos nuevos sus posibilidades de triunfo son más que escasas.
Tampoco la derecha tiene un proyecto que proponerle a Chile. Su gran ambición es transformar todas las actividades en un gran negocio y responder a los problemas de la sociedad con autoritarismo e intolerancia.
Esta nueva etapa no debe ser una que reproduzca las mismas combinaciones partidistas. Debe basarse en una propuesta de cambio, de la que surja un liderazgo que la encabece sobre la base del pronunciamiento democrático en el que participen cientos de miles de personas de todos los horizontes en un frente amplio progresista, sin condiciones previas que no sea la voluntad de trabajar por un Chile más moderno, libre y más justo.
Se trata de un nuevo compromiso programático por el cambio, cuyos contenidos invitamos a debatir definiendo desde luego dos conceptos ineludibles. La regulación precisa y clara del derecho a la participación y la consagración de un sistema semi parlamentario o si se quiere semi presidencial que consiste fundamentalmente en la reducción concreta del actual presidencialismo constitucional.
2- Cambio de Régimen Político
Un sistema político basado en un nuevo equilibrio entre el Gobierno, el Parlamento, las regiones, las comunas y las organizaciones sociales.
Un Régimen semi Presidencial regulado con la consulta directa a los ciudadanos para que garantice el equilibrio democrático de poderes y el control popular.
La inscripción debe ser automática a los dieciocho años y con derecho a sufragio de los chilenos que residen en el extranjero.
Los ciudadanos sobre la base de un número determinado de firmas podrán proponer proyectos de ley que deberán ser tratados con carácter de urgencia por ambas cámaras.
Todas las autoridades que emanen de la soberanía popular tendrán que someterse a un plebiscito revocatorio, que podrá ser solicitado por un número exigente y determinado de ciudadanos por una única vez en la mitad del mandato. Todos los cargos elegidos por voto popular tendrán límites a sus reelecciones; este caso incluye al Presidente de la República, Senadores, Diputados, Alcaldes, Concejales, Intendentes, Gobernadores y Consejeros Regionales. Todos los cargos de representación popular serán elegidos, incluyendo Intendentes, Gobernadores y Consejeros Regionales. Por último, entre otras propuestas, defendemos el pendiente reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y por ello insistiremos en reformas que permitan su participación política.
Es necesario un plebiscito donde se vote una Nueva Constitución y un renovado pacto social. Se debe cambiar el sistema electoral por uno proporcional.
3- Agenda de Probidad, Transparencia y Calidad de la Política.
Queremos un Estado capaz de garantizar la probidad, regular drásticamente el lobby y la prohibición a los ex funcionarios públicos de ocupar cargos directivos en empresas privadas que hayan fiscalizado, durante un año a partir de la dejación de su cargo.
La mayoría de los proyectos, contratos para provisión de bienes y servicios, contratos de suministros entre otros ejemplos deberán ser concursables mediante reglas transparentes.
El defensor del pueblo y cualquier ciudadano podrá denunciar malos tratos o actos punibles perpetrados por los funcionarios, incluidos los funcionarios municipales. Debemos dotar de más facultades a la Contraloría modernizando sus procedimientos.
Deben limitarse aún más los cargos de confianza del Presidente, todos los demás deben ser sometidos a concurso y evaluados por personas de alta idoneidad ética. Los Parlamentarios serán cesados del cargo cuando infrinjan la ley electoral.
Se deben establecer las primarias para designar candidatos por ley y, por otra parte, dentro de las reformas a la ley de Partidos se debe crear una autoridad pública externa que deberá garantizar el cumplimiento de los estatutos partidarios.
4- Protección efectiva de los derechos humanos y más derechos civiles.
En materia de derechos civiles, reforzaremos la igualdad de género, despenalizaremos la interrupción del embarazo en caso de violación y en caso de peligro en la salud de la madre con la debida supervisión médica, tal como existió hasta 1989, estableceremos el Pacto de Unión Civil para terminar con la discriminación a las minorías sexuales en temas patrimoniales y otros derechos.
Así como reformaremos la ley de adopciones para agilizar el encuentro de un niño abandonado con una familia y exigiremos el cumplimiento inmediato de las diversas políticas públicas, pendientes o aún sin implementarse del todo, hacia las chilenas y chilenos con capacidades distintas.
Queremos una democracia basada en los derechos humanos, los civiles, políticos, los económicos, sociales y culturales. Lucharemos por la aprobación de todos los tratados relacionados con los DDHH y el predominio de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la legislación nacional, y la adhesión de Chile al Tribunal Penal Internacional, y por indemnizaciones justas a las víctimas de la dictadura y la derogación de la de la ley de amnistía.
Un auténtico derecho a la participación como garantía de una definida democracia plena, debe ser consagrada en términos constitucionales de manera que no sea reconocida como lo hace el actual art. 1º de la Constitución sino que debe dar origen a una precisa posibilidad de reclamación judicial por sus transgresiones que deba garantizarse mediante una debida posibilidad de reconocimiento de tal derecho a reclamar mediante la incorporación de esa posibilidad en el art. 20 de la Constitución.
Creemos que la institucionalidad para atender los desafíos infanto-juveniles no da cuenta de las reales necesidades de los jóvenes y de los niños y niñas, por eso s debe terminar con el INJUV y el SENAME y crear una Subsecretaría de la Juventud que además contenga un defensor de los derechos juveniles.
5- Un nuevo modelo de desarrollo con Educación, Cultura y Salud de calidad.
El Estado debe garantizar a todo ciudadano a partir del próximo gobierno el derecho a una educación de calidad, el acceso a las diversas expresiones de la cultura y a una pronta atención eficiente en salud. La labor del Estado en estas áreas no puede ser subsidiaria, pues constituye el eje central de las garantías en la nueva Constitución que se instaure, pudiendo todo ciudadano recurrir a los tribunales de justicia para su cumplimiento.
Debe existir un sistema nacional de educación orientado por el ministerio del ramo y controlado por la superintendencia de educación pública, que garantice la calidad y equidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en escuelas efectivas a cargo de autoridades descentralizadas especializadas, terminando con la municipalización y la segregación que provoca el financiamiento compartido y el lucro.
Debe seguir fortaleciéndose la educación preescolar y escolar, sobre todo en lo que se refiere al proceso de encantamiento del niño, de desarrollo de su capacidad de indagación, de creatividad, de juicio crítico, de desarrollo psicoafectivo, además de lo cognitivo.
Debe darse un gran salto en el apoyo a las universidades públicas, en especial en ampliar las becas de arancel y mantención para las carreras prioritarias para el desarrollo nacional, y en el desarrollo de su capacidad de investigación científico-tecnológica, sin descuidar las ciencias sociales.
La TV y Radio Digital Terrestre son oportunidades para la educación, en especial la educación informal y para la creación de más medios de comunicación locales, comunales, regionales y nacionales. El Canal estatal debe ser el motor de la revolución que significa la televisión digital y la audiovisualización de la Web.
Queremos rebajar el IVA al libro, implementar una ley de propiedad intelectual que junto con proteger nuestra creatividad garantice el acceso de la ciudadanía a nuestro patrimonio cultural, aumentar por 10 veces los fondos concursables retornables y no retornables en cultura, agregando discriminación positiva a favor de las regiones, fomentar y consolidar el desarrollo de la cultura digital en nuestro país, donde cada ciudadano se pueda transformar en un creador gracias al uso intensivo de tecnologías abiertas, leyes que permitan implementar videotecas, audiotecas y centros de tecnologías abiertas en todo los colegios y regiones de Chile, un subsidio permanente mediante ley a la investigación en ciencia y tecnología, considerando como protagonistas a las Universidades y las empresas. Un ministerio de Cultura con autonomía y potestades administrativas mayores que las actuales.
El Estado deberá reforzar el gasto en salud, en primer lugar en la atención primaria y también en el sistema hospitalario.
Mejorar el modelo de salud familiar, incorporando especialistas básicos en el sistema público –internistas, pediatras, ginecobstetras, psiquiatras-, desarrollando así el poder resolutivo y la calidad de la atención. Cautelaremos el rol de los hospitales públicos, lo que requiere acelerar la formación e incorporación de especialistas en el sistema público de salud para terminar con las odiosas e inconmensurables listas de espera y la compra de servicios a la salud privada cuando no se pueden cumplir las garantías del Auge.
Es necesario implementar una plataforma informática común que permita articular los tres niveles de atención, mejorar la planificación y la gestión tan necesarias en este momento por el cambio demográfico y epidemiológico.
6- Desde el Estado y el Privado.
Chile debe dejar de figurar entre los países con peor distribución de los ingresos, como lo establecen las estadísticas que publica periódicamente el Banco Mundial. Esta mala distribución es una consecuencia del modelo económico en aplicación que descansa en la idea que debe dejarse al mercado que resuelva los desequilibrios; que lo privado es bueno, lo público malo, concepción que predominó en el diseño del Transantiago y que sigue predominando en cuanto a las soluciones propuestas hasta el día de hoy; que la intervención del Estado debe ser en todos los terrenos la menor posible; que la economía debe ser abierta tanto en lo referente al movimiento comercial como al de los capitales.
Es un modelo en que predomina la economía financiera en vez de la real, lo cual afecta el crecimiento y la equidad.
Creemos en el aumento sustancial de las facultades fiscalizadoras del Estado respecto a las actividades económicas que generen riesgos para el medioambiente, para la estabilidad económica, para la protección al consumidor. Los bancos y empresas privadas, en especial las grandes, tienen ganancias monopólicas indebidas y son deficientemente controladas por la superintendencias respectivas. Las AFPs ponen hoy en peligro los ahorros de los trabajadores con comisiones usureras y con su inversión especulativa en el exterior y por su parte las ISAPRES han logrado utilidades enormes discriminando a los usuarios, en especial las mujeres en edad fértil y a la tercera edad. Esto terminará mediante nuevas y estrictas regulaciones. Muchas empresas violan las leyes que protegen el medio ambiente y muchas empresas eléctricas, de telefonía, de carreteras concesionadas, de Internet, han logrado regulaciones ampliamente favorables a sus intereses, obteniendo utilidades inaceptables a costa de los usuarios.
Se creará la Superintendencia de Medio Ambiente y el SERNAC deberá tener más facultades normativas y de control en la protección del consumidor.
Los órganos de fijación tarifaria deberán cautelar únicamente los intereses de los consumidores, bajo control de los usuarios y del parlamento.
El sistema bancario deberá someterse a mayores controles, se pondrá límite al cobro usurero de intereses y comisiones en el crédito de pequeña escala y se terminará con la discriminación al pequeño empresario.
Es imprescindible contar con una AFP Estatal, solidaria, que baje las comisiones, termine con los abusos y que entregue una pensión digna a nuestros trabajadores y a su vez respecto del sistema previsional en general se necesita un perfeccionamiento del control, una precisión clara y definida de la regulación sin aceptación de transgresiones de ninguna especie; y una denominación y claridad del sistema informativo, teniendo siempre presente tres factores: Publicidad, transparencia y buena fe en la información.
Así como se debe fortalecer el FONASA como seguro de salud no discriminatorio al servicio de todos los chilenos, junto a un Fondo Solidario en Salud que haga efectiva la participación de todos en el cuidado de los enfermos.
Por último modernizaremos el sistema de información financiera revisando sus debilidades y asimetrías.
7- Nuestras riquezas básicas
El Estado debe defender nuestras riquezas naturales y considerar un nuevo catalogo de delitos medioambientales.
Se debe desarrollar una revisión crítica del manejo de nuestros recursos naturales así como la necesaria y urgente Nacionalización del Agua. El royalty establecido es insignificante.
Promoveremos terminar con las concesiones indefinidas en minería y pesca y establecer un sistema de licitaciones cuando sea útil incorporar a privados en la explotación de recursos naturales.
Los derechos de explotación variarán con el precio del recurso, hasta alcanzar un 100%.
No debemos permitir proyectos que destruyen el medio ambiente de modo irreversible. La inversión extranjera puede ser útil en determinadas condiciones, pero no al precio de paraísos y excepciones tributarias y de destrucción de la naturaleza.
La ecología y la economía deben caminar estrechamente unidas. Los recursos naturales no pueden ser despilfarrados. Un desarrollo que no se sustente ambientalmente está condenado. No basta con la creación de un Ministerio del Medioambiente, se requiere una conciencia y una voluntad ecológica que ponga fin a una forma de crecimiento altamente depredadora y por esa vía haga realidad el compromiso con la defensa del planeta.
Una nueva relación más respetuosa con la naturaleza debe impregnar el conjunto de las políticas públicas, especialmente en el control de las emisiones de gases con efecto invernadero. Esto va unido a la promoción de energías alternativas. Chile debe realizar una gran inversión en energía solar, eólica y geotérmica, en centrales hidroeléctricas de pasada y en biocombustibles no agrícolas (especialmente de celulosa y biomasa).
Chile puede construir edificios y viviendas energéticamente autónomos, con subsidios directos en gran y pequeña escala, aumentar la eficiencia energética y disminuir el consumo de energía por habitante.
Es inaceptable que un par de empresas que sólo tienen unas docenas de propietarios obtengan más beneficios que los que obtiene Codelco que es de los 16 millones de chilenos. Se tendrá que re nacionalizar el cobre.
La justicia distributiva está directamente relacionada con obtener que los abundantes recursos naturales con que cuenta el país se coloquen en función de los intereses nacionales y de la mayoría de la población. La demostración más elocuente de ello se produce con la explotación del cobre entregado nuevamente al control de unos pocos intereses privados, mayoritariamente extranjeros, que lo exportan en la forma más primaria, sin incorporar en el país trabajo agregado. Ello exige establecer una política para el cobre chileno que considere tanto su explotación, producción, exportación e inserción dentro de un proyecto nacional de desarrollo, que tenga presente que se cuenta en el territorio nacional un porcentaje muy elevado de las mejores y mayores reservas de metal rojo que de acuerdo a la Constitución pertenecen a todos los chilenos.
8- Modernización del Estado.
Una de las principales deficiencias que enfrenta el país es la precariedad de su Estado. Para que las políticas públicas puedan desplegarse con fuerza por todo el territorio se requiere un Estado con sólidas capacidades técnico-profesionales y un adecuado respaldo financiero. En la mayor parte de la administración pública estas condiciones no se cumplen. El Estado vulnera incluso derechos elementales de sus trabajadores.
La reforma del Estado es una tarea urgente. Sin ella no es posible darle más transparencia, profundidad y eficacia a las políticas públicas. Tendremos una administración volcada a los usuarios, con más descentralización y participación, en la que los funcionarios son respetados porque son reclutados por mérito y no por influencias y clientelismos y porque su carrera funcionaria evoluciona de acuerdo a su desempeño y experiencia.
Necesitamos una profunda reforma en las cargas públicas y un Estado más allá del concepto de Estado Subsidiario establecido en la Constitución de 1980. Los que tienen más deben pagar más, principio elemental que hoy día no se cumple. Por todo ello es que reclamamos la consagración del Estado social en nuestra Constitución.
El Estado percibe la mayoría de sus ingresos por vía tributaria que no discriminan entre ricos y pobres, como es el caso del IVA que, por lo demás, desfavorece a los más vulnerables económicamente. Un nuevo sistema tributario eliminará las exenciones actualmente abusivas en el impuesto a la renta y terminará con los paraísos tributarios a favor de las grandes empresas.
Se establecerá un nuevo vínculo con las PYMES, con una condonación inicial de las multas acumuladas.
El impuesto de primera categoría a las utilidades de las empresas premiará a aquellas que capacitan a sus trabajadores, que crean empleos con contratos permanentes, que innovan y que protegen el ambiente, penalizando tributariamente a las que no lo hagan.
Se introducirá el IVA diferenciado para bienes de consumo básico y bienes culturales y se reforzará los impuestos especiales al consumo de bienes dañinos a la salud y al ambiente y a los productos de lujo.
El Estado debe asumir sin complejo una función orientadora del desarrollo y de representación del interés general. Enfrentaremos con fuerza las tentativas sistemáticas de la derecha y de los neoliberales de todo el espectro político para deslegitimar su acción y jibarizar su tamaño, con grave perjuicio para las mayorías que necesitan de un Estado sólido que cautele su bienestar.
9- Los derechos de los trabajadores.
Se repite una y otra vez que la principal riqueza de Chile y de sus empresas son sus trabajadores y que se debe invertir en “capital humano”. Sin embargo, se niegan derechos básicos en la empresa: el derecho a expresarse y sindicalizarse, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la formación continua y por qué no implementar la sindicalización automática. El asalariado es utilizado solo si es inmediatamente rentable y con frecuente desprecio de su condición humana.
Una nueva legislación laboral facilitará la formación de sindicatos, ampliará la negociación colectiva, fortalecerá la posición del trabajador frente a los despidos injustificados y hará obligatorios planes de reinserción, fortalecerá el seguro de desempleo y creará una Agencia Nacional del Empleo que promueva la inserción y la capacitación. Toda familia chilena tendrá derecho a que al menos uno de sus miembros en edad de trabajar acceda a empleos subsidiados.
Las pensiones básicas y las asignaciones familiares aumentarán además sustancialmente con la meta de que todo hogar disponga de un ingreso mínimo equivalente al doble del costo de la canasta de alimentación.
La calidad del empleo deberá ser garantizada, por ejemplo, mediante leyes que regulen o prohíban de uso de pesticidas que atenten contra la salud en general y la salud reproductiva de los más de 200 mil temporeros y temporeras de los campos chilenos.
El país está en condiciones de financiar progresivamente este esfuerzo y de terminar de una vez con la miseria. En una palabra el Estado debe reconocer “el derecho al trabajo a nivel constitucional.
10- Relaciones exteriores modernas y de integración.
Una política internacional que privilegie las relaciones de amistad con los países latinoamericanos supondrá fortalecer UNASUR. Chile ha tenido una débil política hacia Latino América: tenemos relaciones erráticas con nuestros vecinos; debemos solucionar el tema de nuestras relaciones con Bolivia, incluyendo una solución mutuamente satisfactoria a su reivindicación marítima. Así Chile deberá participar en políticas comunes de seguridad energética y de operaciones de paz.
Las relaciones internacionales de Chile supondrán la cooperación con todas las instancias multilaterales del sistema internacional y la promoción de la paz y el desarrollo, al margen de toda alineación, incluyendo en nuestro continente.
Carlos Ominami, Senador PS
Tucapel Jímenez, Diputado PPD
Nelson Avila, Senador PRSD
Álvaro Escobar, Diputado Independiente
Ramón Farías, Diputado PPD
René Alinco, Diputado PPD
Guido Girardi, Diputado PPD
Pablo Lorenzini, Diputado DC
Marco Enríquez-Ominami, Diputado PS
Marcel Claude, Economista
Enrique Silva Cimma, Ex-Ministro PRSD
Roberto Pizarro, Ex Ministro PS
Sergio Aguiló Diputado, PS
Gonzalo Martner, Ex Presidente PS
Patricio Mery, Comité Central PS
Julio Muñoz, Encargado Universitario Privadas JS
Diego Cabezas, Presidente JS La Granja
La Concertación, que al finalizar el gobierno de la Presidenta Bachelet habrá gobernado continuadamente durante 20 años, ha cambiado muy profundamente la faz del país. Una de las paradojas que enfrenta la Coalición resulta de su dificultad para continuar expresando a esa nueva ciudadanía que ella tan poderosamente contribuyó a forjar.
Esta paradoja tiene una explicación. La Concertación de Partidos por la Democracia por asegurar la gobernabilidad renunció a efectuar los cambios estructurales profundos, que constituían su razón de ser, como alternativa al modelo económico, social y cultural instaurado en el pasado.
En el marco de una transición considerada para algunos como exitosa se ha producido la consolidación de un modelo de sociedad alejado del que la mayoría aspiraba.
Claramente, de una economía de mercado hemos terminado generando una sociedad de mercado. E incluso más: una democracia de mercado. La lógica de la rentabilidad y el lucro domina en todos los planos.
En Chile todos los servicios básicos pueden ser fuente de enriquecimiento para reducidos grupos económicos que muy a menudo abusan en contra de consumidores prácticamente indefensos.
La educación pública, base de la integración republicana y del acceso a las oportunidades sobre la base del mérito y no a los privilegios de cuna, hoy día ha llegado a ser relegada en todos los niveles y enfrenta una crisis profunda.
A pesar de la reforma, el sector público de la salud enfrenta amenazas de gran envergadura. Las garantías explicitas, un avance evidente, no se logran consolidar hacia el futuro porque no se han hecho todas las inversiones necesarias para asegurar que la infraestructura y equipamiento hospitalario puedan responder adecuadamente a las nuevas exigencias. Lamentablemente siguen sometidas a una gestión burocrática deplorable. Así, el sistema de garantías ha terminado favoreciendo al sector privado y de paso contribuyendo a la fuga permanente de médicos desde el sector público. En otras palabras, una privatización defectuosa y disfrazada.
En materia previsional, considerando las escandalosas pérdidas producto de la reciente crisis económica y a pesar del pilar solidario, se ha consolidado un sistema que reposa enteramente sobre la capitalización individual sin ningún tipo de mecanismo solidario entre generaciones ni seguridad sobre el monto futuro de las pensiones.
El país en todos los planos está sometido a una competencia sin tregua. Las solidaridades colectivas ya no pueden resistir las presiones de un individualismo desenfrenado.
En suma, no ha sido posible el reconocimiento a nivel constitucional y real de “un Estado social y democrático de derecho” que constituye definitivamente todo el sentido de justicia que permita el que nuestra sociedad entera, sin diferencias, tenga el justificado derecho a lograr su felicidad.
Esta circunstancia, la estimamos abiertamente irrenunciable y existe en todos los países desarrollados. No obstante, ha sido rechazada por los sectores retardatorios de Chile que no admiten que el régimen de economía de mercado pueda tener un sentido solidario y de realidad social
La Concertación no ha sido capaz de enfrentar el núcleo duro de las desigualdades y ha consentido, y a veces incluso impulsado, soluciones privadas y de mercado allí en donde lo que se requería era una vigorosa oferta de bienes públicos que pusieran por delante la satisfacción de los usuarios. El drama del Transantiago es la expresión máxima de esta renuncia.
Hoy, la Concertación aparece frente a los ojos de la mayoría sin un perfil claro, solo interesada en mantener el poder para los suyos, con un pasado respetable pero, ya agotada, con un futuro brumoso y distanciada cada vez más de las aspiraciones de la sociedad. En definitiva rescatamos la concepción clara y precisa del Estado social.
Contenidos de un nuevo compromiso programático
Para volver a representar una legítima esperanza, necesitamos renovar nuestras proposiciones programáticas a los chilenos. Así como el centro y la izquierda en su historia tuvieron poderosas banderas que movilizaron a generaciones de luchadores sociales a través de la organización sindical o la promoción popular, como el gobernar es educar, como la reivindicación campesina a través de la reforma agraria, como la recuperación de las riquezas básicas mediante la nacionalización del cobre, las transformaciones históricas que hemos contribuido a realizar deben ahora permitir emerger nuevas banderas y nuevos desafíos capaces de movilizar las energías de las generaciones del siglo 21 para seguir construyendo un país cada día más libre y más justo.
El nuevo impulso que Chile necesita implica cambios profundos destinados simultáneamente a:
· Darle más energía a la democracia a través de la promoción de distintas formas de participación ciudadana y ampliar el espacio de las libertades.
· Enfrentar en serio las desigualdades sociales, territoriales y de género.
· Recuperar un dinamismo económico ambientalmente sustentable.
Para ello, proponemos:
1- La definición Presidencial.
En este complejo cuadro interviene la definición presidencial. Todo indica que la partidocracia que domina a la Concertación no ofrecerá ningún cambio.
Si enfrentamos el próximo desafío Presidencial sin una propuesta ampliamente renovada que aporte respuestas creativas a los nuevos desafíos del siglo XXI y que integre liderazgos nuevos sus posibilidades de triunfo son más que escasas.
Tampoco la derecha tiene un proyecto que proponerle a Chile. Su gran ambición es transformar todas las actividades en un gran negocio y responder a los problemas de la sociedad con autoritarismo e intolerancia.
Esta nueva etapa no debe ser una que reproduzca las mismas combinaciones partidistas. Debe basarse en una propuesta de cambio, de la que surja un liderazgo que la encabece sobre la base del pronunciamiento democrático en el que participen cientos de miles de personas de todos los horizontes en un frente amplio progresista, sin condiciones previas que no sea la voluntad de trabajar por un Chile más moderno, libre y más justo.
Se trata de un nuevo compromiso programático por el cambio, cuyos contenidos invitamos a debatir definiendo desde luego dos conceptos ineludibles. La regulación precisa y clara del derecho a la participación y la consagración de un sistema semi parlamentario o si se quiere semi presidencial que consiste fundamentalmente en la reducción concreta del actual presidencialismo constitucional.
2- Cambio de Régimen Político
Un sistema político basado en un nuevo equilibrio entre el Gobierno, el Parlamento, las regiones, las comunas y las organizaciones sociales.
Un Régimen semi Presidencial regulado con la consulta directa a los ciudadanos para que garantice el equilibrio democrático de poderes y el control popular.
La inscripción debe ser automática a los dieciocho años y con derecho a sufragio de los chilenos que residen en el extranjero.
Los ciudadanos sobre la base de un número determinado de firmas podrán proponer proyectos de ley que deberán ser tratados con carácter de urgencia por ambas cámaras.
Todas las autoridades que emanen de la soberanía popular tendrán que someterse a un plebiscito revocatorio, que podrá ser solicitado por un número exigente y determinado de ciudadanos por una única vez en la mitad del mandato. Todos los cargos elegidos por voto popular tendrán límites a sus reelecciones; este caso incluye al Presidente de la República, Senadores, Diputados, Alcaldes, Concejales, Intendentes, Gobernadores y Consejeros Regionales. Todos los cargos de representación popular serán elegidos, incluyendo Intendentes, Gobernadores y Consejeros Regionales. Por último, entre otras propuestas, defendemos el pendiente reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y por ello insistiremos en reformas que permitan su participación política.
Es necesario un plebiscito donde se vote una Nueva Constitución y un renovado pacto social. Se debe cambiar el sistema electoral por uno proporcional.
3- Agenda de Probidad, Transparencia y Calidad de la Política.
Queremos un Estado capaz de garantizar la probidad, regular drásticamente el lobby y la prohibición a los ex funcionarios públicos de ocupar cargos directivos en empresas privadas que hayan fiscalizado, durante un año a partir de la dejación de su cargo.
La mayoría de los proyectos, contratos para provisión de bienes y servicios, contratos de suministros entre otros ejemplos deberán ser concursables mediante reglas transparentes.
El defensor del pueblo y cualquier ciudadano podrá denunciar malos tratos o actos punibles perpetrados por los funcionarios, incluidos los funcionarios municipales. Debemos dotar de más facultades a la Contraloría modernizando sus procedimientos.
Deben limitarse aún más los cargos de confianza del Presidente, todos los demás deben ser sometidos a concurso y evaluados por personas de alta idoneidad ética. Los Parlamentarios serán cesados del cargo cuando infrinjan la ley electoral.
Se deben establecer las primarias para designar candidatos por ley y, por otra parte, dentro de las reformas a la ley de Partidos se debe crear una autoridad pública externa que deberá garantizar el cumplimiento de los estatutos partidarios.
4- Protección efectiva de los derechos humanos y más derechos civiles.
En materia de derechos civiles, reforzaremos la igualdad de género, despenalizaremos la interrupción del embarazo en caso de violación y en caso de peligro en la salud de la madre con la debida supervisión médica, tal como existió hasta 1989, estableceremos el Pacto de Unión Civil para terminar con la discriminación a las minorías sexuales en temas patrimoniales y otros derechos.
Así como reformaremos la ley de adopciones para agilizar el encuentro de un niño abandonado con una familia y exigiremos el cumplimiento inmediato de las diversas políticas públicas, pendientes o aún sin implementarse del todo, hacia las chilenas y chilenos con capacidades distintas.
Queremos una democracia basada en los derechos humanos, los civiles, políticos, los económicos, sociales y culturales. Lucharemos por la aprobación de todos los tratados relacionados con los DDHH y el predominio de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la legislación nacional, y la adhesión de Chile al Tribunal Penal Internacional, y por indemnizaciones justas a las víctimas de la dictadura y la derogación de la de la ley de amnistía.
Un auténtico derecho a la participación como garantía de una definida democracia plena, debe ser consagrada en términos constitucionales de manera que no sea reconocida como lo hace el actual art. 1º de la Constitución sino que debe dar origen a una precisa posibilidad de reclamación judicial por sus transgresiones que deba garantizarse mediante una debida posibilidad de reconocimiento de tal derecho a reclamar mediante la incorporación de esa posibilidad en el art. 20 de la Constitución.
Creemos que la institucionalidad para atender los desafíos infanto-juveniles no da cuenta de las reales necesidades de los jóvenes y de los niños y niñas, por eso s debe terminar con el INJUV y el SENAME y crear una Subsecretaría de la Juventud que además contenga un defensor de los derechos juveniles.
5- Un nuevo modelo de desarrollo con Educación, Cultura y Salud de calidad.
El Estado debe garantizar a todo ciudadano a partir del próximo gobierno el derecho a una educación de calidad, el acceso a las diversas expresiones de la cultura y a una pronta atención eficiente en salud. La labor del Estado en estas áreas no puede ser subsidiaria, pues constituye el eje central de las garantías en la nueva Constitución que se instaure, pudiendo todo ciudadano recurrir a los tribunales de justicia para su cumplimiento.
Debe existir un sistema nacional de educación orientado por el ministerio del ramo y controlado por la superintendencia de educación pública, que garantice la calidad y equidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en escuelas efectivas a cargo de autoridades descentralizadas especializadas, terminando con la municipalización y la segregación que provoca el financiamiento compartido y el lucro.
Debe seguir fortaleciéndose la educación preescolar y escolar, sobre todo en lo que se refiere al proceso de encantamiento del niño, de desarrollo de su capacidad de indagación, de creatividad, de juicio crítico, de desarrollo psicoafectivo, además de lo cognitivo.
Debe darse un gran salto en el apoyo a las universidades públicas, en especial en ampliar las becas de arancel y mantención para las carreras prioritarias para el desarrollo nacional, y en el desarrollo de su capacidad de investigación científico-tecnológica, sin descuidar las ciencias sociales.
La TV y Radio Digital Terrestre son oportunidades para la educación, en especial la educación informal y para la creación de más medios de comunicación locales, comunales, regionales y nacionales. El Canal estatal debe ser el motor de la revolución que significa la televisión digital y la audiovisualización de la Web.
Queremos rebajar el IVA al libro, implementar una ley de propiedad intelectual que junto con proteger nuestra creatividad garantice el acceso de la ciudadanía a nuestro patrimonio cultural, aumentar por 10 veces los fondos concursables retornables y no retornables en cultura, agregando discriminación positiva a favor de las regiones, fomentar y consolidar el desarrollo de la cultura digital en nuestro país, donde cada ciudadano se pueda transformar en un creador gracias al uso intensivo de tecnologías abiertas, leyes que permitan implementar videotecas, audiotecas y centros de tecnologías abiertas en todo los colegios y regiones de Chile, un subsidio permanente mediante ley a la investigación en ciencia y tecnología, considerando como protagonistas a las Universidades y las empresas. Un ministerio de Cultura con autonomía y potestades administrativas mayores que las actuales.
El Estado deberá reforzar el gasto en salud, en primer lugar en la atención primaria y también en el sistema hospitalario.
Mejorar el modelo de salud familiar, incorporando especialistas básicos en el sistema público –internistas, pediatras, ginecobstetras, psiquiatras-, desarrollando así el poder resolutivo y la calidad de la atención. Cautelaremos el rol de los hospitales públicos, lo que requiere acelerar la formación e incorporación de especialistas en el sistema público de salud para terminar con las odiosas e inconmensurables listas de espera y la compra de servicios a la salud privada cuando no se pueden cumplir las garantías del Auge.
Es necesario implementar una plataforma informática común que permita articular los tres niveles de atención, mejorar la planificación y la gestión tan necesarias en este momento por el cambio demográfico y epidemiológico.
6- Desde el Estado y el Privado.
Chile debe dejar de figurar entre los países con peor distribución de los ingresos, como lo establecen las estadísticas que publica periódicamente el Banco Mundial. Esta mala distribución es una consecuencia del modelo económico en aplicación que descansa en la idea que debe dejarse al mercado que resuelva los desequilibrios; que lo privado es bueno, lo público malo, concepción que predominó en el diseño del Transantiago y que sigue predominando en cuanto a las soluciones propuestas hasta el día de hoy; que la intervención del Estado debe ser en todos los terrenos la menor posible; que la economía debe ser abierta tanto en lo referente al movimiento comercial como al de los capitales.
Es un modelo en que predomina la economía financiera en vez de la real, lo cual afecta el crecimiento y la equidad.
Creemos en el aumento sustancial de las facultades fiscalizadoras del Estado respecto a las actividades económicas que generen riesgos para el medioambiente, para la estabilidad económica, para la protección al consumidor. Los bancos y empresas privadas, en especial las grandes, tienen ganancias monopólicas indebidas y son deficientemente controladas por la superintendencias respectivas. Las AFPs ponen hoy en peligro los ahorros de los trabajadores con comisiones usureras y con su inversión especulativa en el exterior y por su parte las ISAPRES han logrado utilidades enormes discriminando a los usuarios, en especial las mujeres en edad fértil y a la tercera edad. Esto terminará mediante nuevas y estrictas regulaciones. Muchas empresas violan las leyes que protegen el medio ambiente y muchas empresas eléctricas, de telefonía, de carreteras concesionadas, de Internet, han logrado regulaciones ampliamente favorables a sus intereses, obteniendo utilidades inaceptables a costa de los usuarios.
Se creará la Superintendencia de Medio Ambiente y el SERNAC deberá tener más facultades normativas y de control en la protección del consumidor.
Los órganos de fijación tarifaria deberán cautelar únicamente los intereses de los consumidores, bajo control de los usuarios y del parlamento.
El sistema bancario deberá someterse a mayores controles, se pondrá límite al cobro usurero de intereses y comisiones en el crédito de pequeña escala y se terminará con la discriminación al pequeño empresario.
Es imprescindible contar con una AFP Estatal, solidaria, que baje las comisiones, termine con los abusos y que entregue una pensión digna a nuestros trabajadores y a su vez respecto del sistema previsional en general se necesita un perfeccionamiento del control, una precisión clara y definida de la regulación sin aceptación de transgresiones de ninguna especie; y una denominación y claridad del sistema informativo, teniendo siempre presente tres factores: Publicidad, transparencia y buena fe en la información.
Así como se debe fortalecer el FONASA como seguro de salud no discriminatorio al servicio de todos los chilenos, junto a un Fondo Solidario en Salud que haga efectiva la participación de todos en el cuidado de los enfermos.
Por último modernizaremos el sistema de información financiera revisando sus debilidades y asimetrías.
7- Nuestras riquezas básicas
El Estado debe defender nuestras riquezas naturales y considerar un nuevo catalogo de delitos medioambientales.
Se debe desarrollar una revisión crítica del manejo de nuestros recursos naturales así como la necesaria y urgente Nacionalización del Agua. El royalty establecido es insignificante.
Promoveremos terminar con las concesiones indefinidas en minería y pesca y establecer un sistema de licitaciones cuando sea útil incorporar a privados en la explotación de recursos naturales.
Los derechos de explotación variarán con el precio del recurso, hasta alcanzar un 100%.
No debemos permitir proyectos que destruyen el medio ambiente de modo irreversible. La inversión extranjera puede ser útil en determinadas condiciones, pero no al precio de paraísos y excepciones tributarias y de destrucción de la naturaleza.
La ecología y la economía deben caminar estrechamente unidas. Los recursos naturales no pueden ser despilfarrados. Un desarrollo que no se sustente ambientalmente está condenado. No basta con la creación de un Ministerio del Medioambiente, se requiere una conciencia y una voluntad ecológica que ponga fin a una forma de crecimiento altamente depredadora y por esa vía haga realidad el compromiso con la defensa del planeta.
Una nueva relación más respetuosa con la naturaleza debe impregnar el conjunto de las políticas públicas, especialmente en el control de las emisiones de gases con efecto invernadero. Esto va unido a la promoción de energías alternativas. Chile debe realizar una gran inversión en energía solar, eólica y geotérmica, en centrales hidroeléctricas de pasada y en biocombustibles no agrícolas (especialmente de celulosa y biomasa).
Chile puede construir edificios y viviendas energéticamente autónomos, con subsidios directos en gran y pequeña escala, aumentar la eficiencia energética y disminuir el consumo de energía por habitante.
Es inaceptable que un par de empresas que sólo tienen unas docenas de propietarios obtengan más beneficios que los que obtiene Codelco que es de los 16 millones de chilenos. Se tendrá que re nacionalizar el cobre.
La justicia distributiva está directamente relacionada con obtener que los abundantes recursos naturales con que cuenta el país se coloquen en función de los intereses nacionales y de la mayoría de la población. La demostración más elocuente de ello se produce con la explotación del cobre entregado nuevamente al control de unos pocos intereses privados, mayoritariamente extranjeros, que lo exportan en la forma más primaria, sin incorporar en el país trabajo agregado. Ello exige establecer una política para el cobre chileno que considere tanto su explotación, producción, exportación e inserción dentro de un proyecto nacional de desarrollo, que tenga presente que se cuenta en el territorio nacional un porcentaje muy elevado de las mejores y mayores reservas de metal rojo que de acuerdo a la Constitución pertenecen a todos los chilenos.
8- Modernización del Estado.
Una de las principales deficiencias que enfrenta el país es la precariedad de su Estado. Para que las políticas públicas puedan desplegarse con fuerza por todo el territorio se requiere un Estado con sólidas capacidades técnico-profesionales y un adecuado respaldo financiero. En la mayor parte de la administración pública estas condiciones no se cumplen. El Estado vulnera incluso derechos elementales de sus trabajadores.
La reforma del Estado es una tarea urgente. Sin ella no es posible darle más transparencia, profundidad y eficacia a las políticas públicas. Tendremos una administración volcada a los usuarios, con más descentralización y participación, en la que los funcionarios son respetados porque son reclutados por mérito y no por influencias y clientelismos y porque su carrera funcionaria evoluciona de acuerdo a su desempeño y experiencia.
Necesitamos una profunda reforma en las cargas públicas y un Estado más allá del concepto de Estado Subsidiario establecido en la Constitución de 1980. Los que tienen más deben pagar más, principio elemental que hoy día no se cumple. Por todo ello es que reclamamos la consagración del Estado social en nuestra Constitución.
El Estado percibe la mayoría de sus ingresos por vía tributaria que no discriminan entre ricos y pobres, como es el caso del IVA que, por lo demás, desfavorece a los más vulnerables económicamente. Un nuevo sistema tributario eliminará las exenciones actualmente abusivas en el impuesto a la renta y terminará con los paraísos tributarios a favor de las grandes empresas.
Se establecerá un nuevo vínculo con las PYMES, con una condonación inicial de las multas acumuladas.
El impuesto de primera categoría a las utilidades de las empresas premiará a aquellas que capacitan a sus trabajadores, que crean empleos con contratos permanentes, que innovan y que protegen el ambiente, penalizando tributariamente a las que no lo hagan.
Se introducirá el IVA diferenciado para bienes de consumo básico y bienes culturales y se reforzará los impuestos especiales al consumo de bienes dañinos a la salud y al ambiente y a los productos de lujo.
El Estado debe asumir sin complejo una función orientadora del desarrollo y de representación del interés general. Enfrentaremos con fuerza las tentativas sistemáticas de la derecha y de los neoliberales de todo el espectro político para deslegitimar su acción y jibarizar su tamaño, con grave perjuicio para las mayorías que necesitan de un Estado sólido que cautele su bienestar.
9- Los derechos de los trabajadores.
Se repite una y otra vez que la principal riqueza de Chile y de sus empresas son sus trabajadores y que se debe invertir en “capital humano”. Sin embargo, se niegan derechos básicos en la empresa: el derecho a expresarse y sindicalizarse, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la formación continua y por qué no implementar la sindicalización automática. El asalariado es utilizado solo si es inmediatamente rentable y con frecuente desprecio de su condición humana.
Una nueva legislación laboral facilitará la formación de sindicatos, ampliará la negociación colectiva, fortalecerá la posición del trabajador frente a los despidos injustificados y hará obligatorios planes de reinserción, fortalecerá el seguro de desempleo y creará una Agencia Nacional del Empleo que promueva la inserción y la capacitación. Toda familia chilena tendrá derecho a que al menos uno de sus miembros en edad de trabajar acceda a empleos subsidiados.
Las pensiones básicas y las asignaciones familiares aumentarán además sustancialmente con la meta de que todo hogar disponga de un ingreso mínimo equivalente al doble del costo de la canasta de alimentación.
La calidad del empleo deberá ser garantizada, por ejemplo, mediante leyes que regulen o prohíban de uso de pesticidas que atenten contra la salud en general y la salud reproductiva de los más de 200 mil temporeros y temporeras de los campos chilenos.
El país está en condiciones de financiar progresivamente este esfuerzo y de terminar de una vez con la miseria. En una palabra el Estado debe reconocer “el derecho al trabajo a nivel constitucional.
10- Relaciones exteriores modernas y de integración.
Una política internacional que privilegie las relaciones de amistad con los países latinoamericanos supondrá fortalecer UNASUR. Chile ha tenido una débil política hacia Latino América: tenemos relaciones erráticas con nuestros vecinos; debemos solucionar el tema de nuestras relaciones con Bolivia, incluyendo una solución mutuamente satisfactoria a su reivindicación marítima. Así Chile deberá participar en políticas comunes de seguridad energética y de operaciones de paz.
Las relaciones internacionales de Chile supondrán la cooperación con todas las instancias multilaterales del sistema internacional y la promoción de la paz y el desarrollo, al margen de toda alineación, incluyendo en nuestro continente.
Carlos Ominami, Senador PS
Tucapel Jímenez, Diputado PPD
Nelson Avila, Senador PRSD
Álvaro Escobar, Diputado Independiente
Ramón Farías, Diputado PPD
René Alinco, Diputado PPD
Guido Girardi, Diputado PPD
Pablo Lorenzini, Diputado DC
Marco Enríquez-Ominami, Diputado PS
Marcel Claude, Economista
Enrique Silva Cimma, Ex-Ministro PRSD
Roberto Pizarro, Ex Ministro PS
Sergio Aguiló Diputado, PS
Gonzalo Martner, Ex Presidente PS
Patricio Mery, Comité Central PS
Julio Muñoz, Encargado Universitario Privadas JS
Diego Cabezas, Presidente JS La Granja
