El Mercurio, Reportajes, No se lo digas a nadie.

por: Carlos Peña.

Un grupo de senadores -la izquierda y la derecha unidas- presentó esta semana un proyecto de ley tan torpe que, si se aprueba, hará muy difícil ejercer el periodismo. Si uno no conociera las abundantes virtudes de quienes lo firmaron, pensaría que están preocupados de protegerse a sí mismos del afán escrutador de los medios.

El control sobre la propia imagen (elegir qué cara es la que mostraremos al mundo) y el derecho al secreto (decidir quién sabe qué acerca de nosotros) es uno de los derechos humanos básicos. Gracias a él la mayoría de las personas disponemos de un espacio de inconsecuencia y de hipocresía que nos aligera el paso por este valle de lágrimas. La transparencia absoluta -vivir sin cortinas- es algo que se parece al infierno. Y la coherencia irrestricta -actuar en consonancia con lo que se dice, sin caer nunca- es cosa de santos. Es razonable entonces que la ley nos permita guardar las apariencias.

Pero también hay veces en que, como ocurre con los políticos, necesitamos saber si las apariencias engañan. Tratándose de ellos, el padecimiento de una enfermedad, la vida sexual, las amistades y las actividades del fin de semana, pueden transformarse en un asunto público. Cuando los argentinos votaron por Perón debieron saber que estaba al borde de la muerte y que, en verdad, elegían a María Estela Martínez.

Los norteamericanos rechazaron a Gary Hart cuando se enteraron, gracias al National Enquirer, que tenía una amante a la que sin embargo negó delante de las cámaras. John Profumo debió renunciar cuando se supo que Christine Keeler era, al mismo tiempo, la amiga sexual del agregado naval soviético. En todos esos casos no hay nada de moralismo, como suele creerse, sino la más básica de las exigencias. Se trata simplemente de saber en quién ponemos nuestra confianza. Si miramos la fecha de vencimiento de la margarina del desayuno, y si examinamos con parsimonia el dibujo de las ruedas del auto usado que compramos, ¿cómo no vamos a cerciorarnos mínimamente si acaso las personas que van a decidir por nosotros poseen lo que dicen poseer y hacen u omiten lo que, mediante leyes, nos obligarán a hacer u omitir a nosotros?

Cuando la prensa devela ese tipo de situaciones actúa de manera legítima. Y por eso es razonable disminuir el umbral de protección a la privacidad cuando existe un interés público comprometido. El solo hecho de desempeñar un cargo público no despoja a una persona de su intimidad; pero disminuye en una amplia gama de asuntos el umbral de protección a que, en principio, tiene derecho. Por eso la iniciativa de ley que esta semana ha presentado un grupo de senadores -registremos sus nombres para la historia: Carlos Ominami, Carlos Cantero, Guido Girardi y Jorge Pizarro, la izquierda y la derecha unidas- debe estimarse intolerable para la libertad de prensa y la libre búsqueda de información. La iniciativa de los senadores -copiada, dicho sea de paso, de otra de inicios de los noventa- prevé castigos penales para quienes "descubran secretos" o "vulneren la intimidad de otro sin su consentimiento". Es difícil comprender de qué forma los periodistas podrían ejercitar su oficio si una regla así entra en vigencia.

Si la hubieran adoptado, los ingleses no habrían conocido el caso Profumo; los norteamericanos no habrían sabido de los papeles del Pentágono; la gente habría seguido comiendo las porquerías de Food Lyon; Watergate habría permanecido en las sombras; y la hipocresía, que es una virtud de la civilización cuando uno no aspira a dirigir las vidas ajenas, se habría enseñoreado, más incluso que hoy día, de la política. Una regla como esa, u otra semejante, es insensata. No es razonable construir un tipo penal (que autoriza el uso de la coacción estatal, nada menos) dejando entregada casi del todo a la discreción judicial la definición del bien protegido: ¿es acaso el lugar donde se ejecutan las acciones el que define lo privado?, ¿quizás la mera índole de los actos sin que importe el lugar donde se ejecutan?, ¿tal vez el interés comprometido en las acciones?, ¿todas las anteriores?, ¿ninguna? Un periodista o un medio amenazado por tamaña incertidumbre o es un héroe o un loco solitario o apaga la cámara, inhibe su curiosidad, olvida los deberes del oficio y se dedica, de ahí en adelante, a narrar vidas ejemplares, hacer el horóscopo, copiar cables y a transcribir conferencias de prensa.

Entonces, claro, los redactores del proyecto podrían vivir tranquilos y seguros, perorar cada cierto tiempo, retratarse con la familia para las campañas, usar el photoshop cuando les plazca, mostrar sus radiografías cuando les resulte adecuado y negarlas cuando no, almorzar cada cierto tiempo con sus financistas y administrar los inevitables conflictos de intereses sin apuros, sin sudores y sin zozobras, y todo ello como si la política fuera un asunto de ideas y nada más que de ideas, una cuestión de salón, algo distinguido, entre caballeros, y no, como es, un asunto de poder y de intereses del que la ciudadanía, mediante la prensa, tiene derecho a hacer el escrutinio.

3 de Junio de 2007 Danae Mlynarz, nueva defensora ciudadana:

''Hay voluntad política para crear figura del ombudsman en Chile'' por Carlos Alvarez La funcionaria, que enmarca la iniciativa en el proceso de consolidación democrática, se declara una ''convencida' ' de la existencia de condiciones como un ''nuevo ciudadano, mucho más empoderado, más consciente de sus derechos, en condición de exigirlos y que, al mismo tiempo, pide mecanismos para protegerlos' '. Entusiasmados están en la Comisión Defensora Ciudadana por el nuevo impulso, desde sectores parlamentarios, que está mostrando la creación de la figura del defensor del pueblo u ombusdman en Chile.

No son pocos los que creen que otro gallo cantaria si una figura como ésta hubiese terciado a favor de los usuarios del Transantiago, incluso entre los afectados por un eventual corte de gas definitivo desde Argentina y hasta entre los actores afectados por una megafusión empresarial como la protagonizada por D&S y Falabella.

Es precisamente, la figura del ombudsman la que sobre estos temas y otros se pronuncia en países, muchos de ellos desarrollados, que sí cuentan con su presencia desde hace años. En Chile , pese a varios intentos, ello no ha sido posible, pero la nueva directora de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, cree que hoy existe piso político para un esfuerzo de ese tipo. El proyecto del defensor ciudadano es una reforma constitucional que ingresó al Congreso en noviembre de 2003, una propuesta del Ejecutivo que no ha tenido movimiento legislativo hasta ahora y que -de acuerdo a lo manifestado por los diputados de la Comisión de Derechos Humanos- será puesto en tabla en las próximas semanas.

“La tramitación que tendría el proyecto de reforma constitucional para la creación del ombudsman o defensor del pueblo será tremendamente valiosa, porque, en primer término, en Chile nunca se ha hecho un “debate legislativo” sobre el tema y, ahora, todo parece indicar que la voluntad política está y entonces, avanzar para que podamos concretar definitivamente la creación de esta instancia y darle institucionalidad a la figura, cumpliendo de ese modo las orientaciones de la Presidenta”, destaca Mlynarz. - ¿Por qué este tema ha costado tanto implementarlo en el país? - El tema del defensor ha estado presente en todos gobiernos de la Concertación y, de hecho, se han remitido al Parlamento cuatro proyectos sobre el tema. Sin embargo, no han prosperado, no porque no se hayan logrado los consensos sino que porque no se ha iniciado nunca su discusión parlamentaria. En ese sentido, tengo la opinión de que la razón para ello tiene que ver con las prioridades legislativas sobre proyectos que requieren un alto quórum como son las modificaciones constitucionales. Una muestra es que recién en Chile en 2005 terminamos con los senadores designados.. . Hoy hemos avanzado en nuestro proceso de consolidación democrática, nos quedan dos grandes reformas para ello: volver más representativo el Parlamento, a través de un cambio en el sistema electoral binominal, y avanzar en mecanismos de balance y control como la creación del defensor ciudadano que vele por la no vulneración de los derechos ciudadanos por parte de los órganos de la administració n pública. -

¿Por qué ahora debiera poder ser exitosa la creación del ombudsman? - Soy una convencida de que hoy nos encontramos en mejor pie que ayer para avanzar en esta discusión, porque hoy estamos frente a un “nuevo ciudadano”, mucho más empoderado, más consciente de sus derechos, en condición de exigirlos y que al mismo tiempo, pide mecanismos de protección de esos derechos. Por otro lado, existe una necesidad de garantizar una serie de derechos sociales que ha planteado la propia Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, en cuanto a las medidas relacionadas con un sistema de protección social mejor y más amplio y porque, además, en la pasada elección presidencial todos los candidatos se comprometieron con la creación del defensor del pueblo. En ese sentido, los diputados de la Concertación que integran la comisión de Derechos Humanos dieron una señal potente de respaldo al proyecto y creo que los parlamentarios también estarán en esa línea, considerando que se trata de la creación de un organismo autónomo que busca proteger los derechos de los ciudadanos que ellos mismos representan. -

¿Va a continuar la política de informes trimestrales críticos de las reparticiones del Estado, que causaron problemas a la anterior y renunciada defensora ciudadana? - La labor de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, más conocida como Comisión Defensora Ciudadana, es, según nuestro decreto de creación de 2001, colaborar en la protección, defensa y promoción de los derechos de las personas ante acciones u omisiones de los órganos de la administració n del Estado. Para cumplir este objetivo desarrollamos dos grandes funciones: observar y estudiar la actividad que desarrollan los órganos del Estado frente a los ciudadanos e informar de ello al Presidente de la República y formular sugerencias, recomendaciones y/o informes al gobernante para que éste resuelva adoptar medidas tendientes a corregir o evitar situaciones que vulneren los derechos de los ciudadanos. Seguiremos cumpliendo nuestra tarea, en coordinación con los servicios, teniendo siempre como norte la atención de calidad a los ciudadanos tal como me lo ha pedido la Presidenta Michelle Bachelet. Éste es un gobierno que tiene claro que debe estar al servicio de los ciudadanos y, por tanto, son ellos el centro de nuestro quehacer. -

¿Se va a seguir implementando un ranking de calidad de los servicios públicos, que también fue motivo de controversia en el pasado reciente? - En esta comisión nunca se ha realizado un ranking de calidad de los servicios públicos. Tal vez exista cierta confusión por la difusión imprecisa de un estudio sobre cartas de derechos (que midió la existencia y calidad de esta en diferentes reparticiones públicas). Durante este año, tenemos proyectado realizar un estudio sobre vulneración de derechos en los servicios públicos, que – tal como las cartas de derechos- es otra dimensión del deber de los servicios frente a los ciudadanos. Así nos acercamos a la misión de esta comisión que es poner al ciudadano al centro de las preocupaciones de los servicios públicos y por tanto, lo que nos mueve es garantizar sus derechos elaborando informes a la máxima autoridad del país de manera de corregir o evitar situaciones en que se vulneren los derechos de las personas. - Si algunas de las principales quejas recepcionadas tiene que ver con seguridad social, como con las licencias médicas,

¿no podria hacer algo por ello en la reforma previsional que se discute en el Congreso? - Las quejas recibidas tienen una amplia diversidad de orígenes, entre los que efectivamente destaca el ámbito de la seguridad social. Esperamos que el desarrollo de una encuesta por muestreo en el marco del estudio sobre Derechos nos permita ir completando la información que disponemos del proceder de los servicios públicos. Efecto Transantiago - ¿

Está dispuesto el Gobierno a darle validez al llamado Estatuto de Garantía del Transporte Público presentado por organizaciones ciudadanas, a propósito del Transantiago? - En el tema del Transantiago, tal como constatamos en nuestro informe a través de las quejas que han procesado el “Transantiago Informa” y el Ministerio de Transportes, podemos observar que existen problemas urgentes que solucionar. Avanzar en esos aspectos esenciales es también acercarnos a formalizar un estatuto de garantías, espacio en que el aporte de la ciudadanía será muy valioso y expresión de ello es la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil que menciona. - Los parlamentarios que hablaron del tema dijeron que si existiera el defensor del pueblo en Chile, Transantiago habria quedado más a maltraer aún... - Si hubiera existido un defensor del pueblo los ciudadanos no hubiesen tenido que recurrir a judicializar el tema como primera alternativa, que por lo demás según lo que hemos visto no ha sido muy eficiente tampoco, sino que habría existido una figura autónoma del Ejecutivo que hubiese mediado para lograr una solución sobre el tema y poner la voz de los usuarios en primer lugar.

Sin embargo, me parece que debemos ser claros para no generar falsas expectativas, el defensor ciudadano, tal como está concebido en el proyecto y recogiendo la experiencia internacional, no tiene facultades de fiscalización o de sanción. El defensor es una figura persuasiva más que punitiva. Que se inserta en una lógica democrática conversacional y no es una instancia todo poderosa para “castigar a quienes se porten mal”, así al menos funciona en casi todos los países del mundo donde existe y así también está establecido en el proyecto que se encuentra en el Congreso. - Luego de hacer un detallado análisis de los sistemas de reclamos para efectos del Transantiago, ¿estiman que realmente la gente ha hecho sentir toda su molestia por ese tema en los sistemas existentes? - En un sistema democrático, como el nuestro, todos los actores del Estado somos respetuosos de la libertad de expresión más aún en esta Comisión donde estamos precisamente no sólo por el mandato, sino porque además nos mueve la convicción de proteger y garantizar los derechos de las personas. En tal sentido, es necesario para la democracia que los ciudadanos puedan expresarse en todo ámbito, y eso evidentemente incluye al Transantiago. En ese sentido, me parece que ha existido una molestia, legítima por cierto, y que la gente la ha expresado en distintos niveles y por distintas vías. En la comisión nosotros recogimos la molestia e inquietud de los ciudadanos volcada en diversas fuentes, hicimos un proceso y análisis de ello y nos parece que, en ese sentido, las personas comprenden que parte de la experiencia democrática es la expresión de malestares, sin violencia, constructivamente.

- ¿Qué comentario hace la comisión respecto de una operación tan compleja para consumidores y proveedores como la fusión entre D&S y Falabella? - Me parece que cualquier situación que pueda afectar a los ciudadanos, en tanto consumidores o proveedores vinculados a esta fusión, corresponde que sea analizada por organismos que nuestra institucionalidad ha generado para ello.